Las nuevas regulaciones de las criptodivisas presentadas en el pasado abril han permitido que la policía japonesa detectara 170 casos de blanqueo de dinero por medio de las criptomonedas informadas por operadores de cambio en un semestre comprendido desde abril hasta octubre.
La JPA, o mejor conocida como la Agencia Nacional de Policía de Japón, presentó su primer informe con base en casos de lavado de criptomonedas posterior a las leyes expuestas en abril, que tenían como fin ordenar a los operadores de intercambio de criptoactivos señalar e informar transacciones de carácter sospechoso de lavado de dinero. Estas regulaciones se dieron conjunto a una nueva regulación que ahora toma a Bitcoin como un método legal de pago en este país. Actualmente 11 operadores de intercambio están registrados bajo la nueva ley, posterior a la obtención de la licencia regulatoria por parte de la autoridad de Japón encargada.
Japan Times informó que los operadores señalaron 170 casos por “frecuentes transacciones cuestionables”. Esto hizo que la JPA analizara los casos y pudiera transmitir la información a las autoridades de investigaciones pertinentes.
En palabras de un oficial de JPA:
“Queremos tomar contramedidas colaborando con los ministerios y agencias pertinentes, así como con los operadores comerciales“.
El informe se derivó de un más amplio de lavado de dinero, el cual contiene casos reportados por bancos y compañías de seguros en tres años hasta el 2016.
Mientras que los casos sospechosos de lavado de dinero por medio de criptomonedas alcanzaron la cifra de 170, los métodos tradicionales para este delito por medio de dinero fiduciario totalizaron 1.178.112, de esto el 16% tenían vínculos con grupos de crimen organizado.
Otro caso de lavado de dinero por medio de oro y metales preciosos, obtuvo 42 casos sospechosos. Actualmente las leyes arancelarias imponen un límite superior de 5 millones de yenes, es decir alrededor de 44.000 dólares. El Ministerio de Finanzas japonés informó que está trabajando en levantar este límite hasta cinco veces el valor de los bienes objeto de tráfico ilícito para el próximo año.
