La (auto) proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero ha iniciado un nuevo capítulo en la prolongada crisis económica, política y social que afecta al país, pues representa la primera opción renovadora y viable en muchos años para la conducción política del país en un posible escenario de pos-régimen.
Esta coyuntura ha ocasionado multitudinarias protestas en las principales ciudades venezolanas, seguidas de un fuerte lobby de los venezolanos en el exterior y de los representantes de los gobiernos de derecha en todo el continente, llamando a desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro, aduciendo la falta de elecciones libres y la cooptación de los demás poderes públicos del estado por el gobierno chavista.
Pero no solamente a nivel regional se han oído posiciones frente a la crisis venezolana. A nivel mundial, los gobiernos parecen estar polarizados frente a qué mandatario apoyar, configurando una especie de guerra fría donde los países aliados de Estados Unidos se suman al llamado de Guaidó y los países aliados de Rusia y China sostienen a Maduro.
En América, todas las potencias regionales (a excepción de México) han conformado un frente de oposición al régimen chavista. Brasil, Argentina, Perú y Colombia han sido activos en el llamado a un cambio de gobierno en el país, llegando incluso a ejecutar maniobras de bloqueo económico y político.
Los opositores al gobierno de Maduro, tanto a nivel interno como externo, son conscientes de la importancia de aislar al régimen en términos económicos para presionar a una salida negociada a la crisis.
El juego económico interno
El 15 de enero, la Asamblea Nacional presidida por Guaidó aprobó una legislación que busca trabajar con gobiernos extranjeros para congelar las cuentas relacionadas con el régimen de Maduro en todo el mundo. Por ejemplo, Guaidó solicitó al Banco de Inglaterra no permitir a Maduro retirar 31 toneladas de oro que tiene en reservas.
De la misma manera, la oposición está buscando que el FMI deje de prestar recursos al gobierno de Maduro.
Pero la clave de todo esto, tal como lo informó El Tiempo, es que Guaidó logre hacerse de los recursos de la renta petrolera venezolana. El punto más importante es el de la filial estadounidense de la estatal PDVSA llamada CITGO, que tiene algunas refinerías en Texas. El plan para la oposición es lograr hacerse del control de la junta directiva con el apoyo del gobierno norteamericano.
Bloqueo internacional: una postura ambivalente
Los gobiernos británico y norteamericano están liderando la cruzada económica de las últimas semanas contra el gobierno de Maduro. John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, manifestó que ‘los Estados Unidos tienen una responsabilidad especial en apoyar al líder de la oposición venezolana‘ y aseguró que el país está buscando bloquear los ingresos del gobierno a toda costa.
En la misma comunicación, Bolton reconoció el gran interés del gobierno norteamericano en las reservas de petróleo venezolanas “haría una gran diferencia para los Estados Unidos económicamente hablando si pudiéramos tener compañías petroleras norteamericanas invirtiendo y produciendo las capacidades petrolíferas de Venezuela”.
Estados Unidos ya había empezado a sancionar a las empresas norteamericanas que tuvieran algún tipo de relación comercial con Venezuela.
Pero la realidad es que el gobierno de Trump no había utilizado su verdadera arma comercial: un embargo completo sobre el petróleo, sector responsable del 90% de los ingresos del gobierno bolivariano. Hoy 28 de enero, Bolton anunció que todas las transacciones de compra de petróleo por parte de las refinerías en Estados Unidos tendrán que ir a cuentas bloqueadas que solo “estarán disponibles para Guaidó”.
Posibles daños colaterales y humanitarios
Sin embargo, el bloqueo económico aplicado a Venezuela podría estar teniendo graves consecuencias para el pueblo venezolano. Alfred de Zayas, quien hasta el año pasado fue relator encargado de las Naciones Unidas en Venezuela, dijo en una entrevista a The Independent que las medidas económicas de Estados unidos sobre Venezuela están teniendo nefastas consecuencias entre los más pobres del país.
Específicamente, las medidas estarían afectando el acceso a medicamentos y alimentos, encareciéndolos para la mayoría de la población que depende de las importaciones realizadas por el gobierno. Para Zayas, el bloqueo podría constituir en una violación al Derecho Internacional Humanitario.